Entrevista a Cristóbal Cremades, Jefe provincial de Tráfico de Madrid de la Dirección General de Tráfico DGT de España
Cristóbal Cremades Rodríguez cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, institución en la que ocupó diversos cargos de alta responsabilidad, destacando su gestión como secretario general entre 2012 y 2020. Su liderazgo fue clave en la modernización de la DGT y en la implementación de políticas públicas que contribuyeron a una reducción histórica de la siniestralidad vial en el país.
Abogado de la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en dirección pública y gestión de recursos humanos, ha dedicado su carrera a fortalecer la seguridad vial desde una mirada integral de la movilidad. Su trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas la Medalla al Mérito Policial, la Medalla de Plata al Mérito de la Guardia Civil y la Medalla al Mérito de Protección Civil, que destacan su aporte al servicio público y a la seguridad ciudadana.
En el marco de Traffic Chile 2025, evento organizado por la Mutual de Seguridad y CEA Chile, participó como conferencista internacional, compartiendo la experiencia española en fiscalización y seguridad vial, y aportando al debate sobre los desafíos y oportunidades para avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente y sostenible en Chile.
“La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre los ciudadanos y las instituciones”
Con más de tres décadas dedicadas a la seguridad vial, Cristóbal Cremades ha sido uno de los impulsores de las políticas públicas que transformaron la cultura vial en España, logrando una reducción histórica de la siniestralidad en carretera. Durante su visita a Chile, conversamos con él sobre los aprendizajes de la experiencia española y los desafíos que enfrenta nuestro país en la construcción de una movilidad más segura.
En mi opinión, el cambio más importante ha sido la madurez de la sociedad española. Hoy vivimos en una sociedad comprometida, que ha comprendido que la siniestralidad vial es una tragedia evitable. Antes, comportamientos como conducir 600 kilómetros en cuatro horas o beber y luego manejar eran habituales. Hoy eso es impensable.
La gente entendió que detener esta tragedia es una responsabilidad compartida: las instituciones deben liderar el proceso, pero los ciudadanos también tienen que comportarse adecuadamente. Ese cambio cultural ha sido el gran salto de España en materia de seguridad vial.
Lo primero es la unidad política. Todos los partidos deben incluir la seguridad vial en sus programas, porque al final se trata de salvar vidas. En segundo lugar, se necesita un liderazgo fuerte, ya sea desde el Gobierno, el Ministerio de Transportes o la CONASET.
También es esencial el compromiso de la sociedad civil: las asociaciones de víctimas, las empresas y las organizaciones laborales cumplen un papel clave. Cuando se suman voluntades públicas y privadas, se genera una sinergia que mejora la seguridad de manera sostenida.
En España, la ley del carné por puntos se aprobó en 2005 sin ningún voto en contra. Esa unanimidad política fue fundamental. Pero el sistema no funciona solo: se complementó con la creación de la Fiscalía de Seguridad Vial, la modernización del procedimiento sancionador y un plan de control de velocidad adecuado.
El permiso por puntos transmite una idea poderosa: la seguridad vial es una responsabilidad compartida. El Estado te da una licencia porque confía en ti. Si cometes infracciones, pierdes puntos, es decir, pierdes esa confianza. Todos podemos equivocarnos, pero si los errores son reiterados, se requiere un curso de recuperación para recuperar el permiso. Es una filosofía simple, persuasiva y justa.
Con mucha pedagogía pública. Cuando se explica el propósito y se trabaja con objetivos colectivos, la sociedad reacciona. Durante años, el automóvil se asoció a libertad y riesgo, como si los accidentes solo les pasaran a otros. Pero todos conocemos a alguien que ha muerto o quedado con secuelas graves.
Esa conciencia colectiva cambia las conductas. Las asociaciones de víctimas son esenciales para mantener el tema en el debate público. Y aunque en seguridad vial nunca hay “buenos resultados” —porque una sola muerte ya es un drama—, el hecho de que hoy mueran muchas menos personas demuestra que la sociedad ha interiorizado sus propias reglas de convivencia. Eso es un éxito colectivo.
Para que haya una buena seguridad vial, primero debe haber una buena movilidad. Eso implica disponer de modos de desplazamiento adecuados: transporte público eficiente, infraestructura para peatones y ciclistas, y un uso racional del automóvil.
Si un trayecto se puede hacer caminando en 20 minutos, lo lógico es hacerlo a pie. Si es más largo, usar transporte público. Y para distancias mayores, utilizar el vehículo privado. Con esa lógica, logramos ciudades más amables, sostenibles y seguras.
Además, la electrificación de la flota y la reducción de emisiones contribuyen no solo a la sostenibilidad ambiental, sino también a la calidad de vida urbana.
Lo primero es explicar bien su propósito. La velocidad excesiva está presente en la mayoría de los accidentes. Está demostrado que reducir la velocidad media entre 5 y 8 km/h puede salvar más de 120.000 vidas al año en el mundo.
También se necesita una administración sólida, con tecnología eficiente y un registro único que evite zonas de impunidad. Las sanciones deben llegar rápido al infractor: si cometiste una infracción el lunes, deberías recibir la notificación en pocos días, con toda la evidencia. Eso genera un efecto pedagógico inmediato.
Y, por supuesto, la comunicación. Hay que hacer campañas claras, abrir el debate y mantener el tema en el foco social. La seguridad vial necesita intensidad social: solo así las medidas se consolidan.
Existen dos modalidades. La primera es digital, a través de la Dirección Electrónica Vial, un domicilio virtual donde se reciben todas las notificaciones de tráfico. El ciudadano recibe un aviso por correo electrónico, accede a la web y revisa su multa. Es un sistema rápido y transparente.
La segunda es la notificación tradicional, mediante carta certificada al domicilio. Este formato sigue vigente para las personas naturales, aunque el uso digital es obligatorio para las empresas.
Creo que los aprendizajes deben ser mutuos. España puede compartir su experiencia, sus aciertos y también sus errores. No somos infalibles, pero nuestra trayectoria puede ayudar a que Chile avance más rápido y evite tropiezos.
Por otro lado, España puede aprender mucho de Chile. Me ha impresionado la calidad de sus infraestructuras y el funcionamiento de su metro, que es excelente. Chile tiene todos los instrumentos para lograr una mejor seguridad vial. Solo necesita mantener el rumbo con decisión.
En ese camino, tanto las instituciones españolas como yo personalmente estamos dispuestos a colaborar, compartir y acompañar el proceso que lleve a Chile a una movilidad más segura y sostenible.
