Gloria Hutt Hesse es ingeniera civil en transportes y figura pública con amplia trayectoria en políticas de movilidad e infraestructura en Chile. Fue Ministra de Transportes y Telecomunicaciones entre 2018 y 2022, período en el que lideró la modernización del sistema RED y la implementación de la tecnología 5G en el país.

En junio de 2025 asumió la presidencia de COPSA, gremio que reúne a las principales empresas concesionarias de infraestructura pública, incluyendo autopistas, aeropuertos, recintos penitenciarios, hospitales, instalaciones logísticas y servicios municipales. Desde ese rol ha puesto el foco en la estabilidad del sistema de concesiones, la certeza regulatoria y, en el caso de las autopistas, el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento que permita sostener inversiones de largo plazo.

Su liderazgo combina experiencia técnica, visión de política pública y una comprensión profunda del impacto que la infraestructura tiene en la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico del país.

El sistema de concesiones ha sido un pilar clave para el desarrollo de la infraestructura en Chile. Ese reconocimiento es transversal, en Chile y en la región. En el contexto actual, su rol es clave para reactivar la economía y cerrar brechas que aun afectan a nuestro país. En la actualidad, enfrenta la necesidad de mayor impulso para materializar las obras en plazos menores, y preparar también el escenario para el futuro con contratos más flexibles, nuevas áreas, incorporación de tecnología y desarrollos innovadores al servicio de las personas.

Ese es un tema específico de los usuarios del sistema urbano, en parte porque han incorporado las rutas concesionadas a sus desplazamientos diarios y el costo afecta su presupuesto. Según encuestas nacionales, el transporte es un ítem importante en el gasto familiar. Ese pago tiene una contraprestación objetiva: mejor calidad de las vías, comparadas con cualquiera de las calles no tarificadas, y ahorro de tiempo especialmente en los viajes mas largos.

Además, hay prestaciones menos visibles, que inciden en la tarifa. Entre ellas la mantención, la tecnología, las cuadrillas de terreno, los espacios públicos adyacentes. El modelo de concesiones está estructurado en este caso a partir de una inversión privada de gran magnitud para financiar infraestructura pública.

El estado adjudica las obras, su mantención y operación, a cambio del derecho a cobrar una tarifa durante un período extenso que permite dar los servicios y cubrir el pago de la deuda. Esa infraestructura siempre es propiedad del estado, que con este mecanismo puede destinar sus recursos a otras necesidades urgentes en el ámbito social. Los valores se definen en la etapa de evaluación social del proyecto, por parte del estado. Posiblemente, en nuevas generaciones de licitaciones podrá abrirse la discusión sobre valores y formas de cobro, debido a que en la actualidad se trata de una red compleja y la tecnología abre nuevas posibilidades en este ámbito.

Una de las piezas fundacionales que ha permitido la consolidación del sistema, es la protección de la certeza jurídica. El pago, tanto su valor como en el mecanismo y las posibles sanciones, son parte integral de la viabilidad del sistema en el largo plazo, más allá de las autopistas. Cambios en las condiciones fundamentales afectan al sistema completo, no solo a las autopistas. Esas condiciones forman parte de los contratos.

No hay que olvidar que los inversionistas en muchos casos son fondos de pensiones internacionales. Eso refleja la confianza que ha generado el sistema como destino para los recursos. El impacto de debilitar esa confianza se traduce directamente en una mayor percepción de riesgo, incremento en los costos financieros y en último término, menor interés por invertir en infraestructura en Chile.

Como hemos afirmado públicamente, eliminar las multas también elimina el único elemento disuasivo que aun existe para asegurar el pago por el servicio que se presta. Usar el sistema sin un dispositivo habilitado, debe tener una sanción igual que en el caso de todos los demás servicios. Por ejemplo, en agua, electricidad, gas, se suspende la entrega frente al no pago de lo consumido o utilizado. En el caso de las autopistas no es posible impedir el uso.

Si se elimina la multa, el mensaje implícito es que el uso gratuito es posible y no tiene sanción, lo que termina por reducir la recaudación hasta un punto en que se hace inviable la continuidad del contrato. En el caso interurbano, obliga a revisar la instalación del sistema free-flow, que ha sido muy bien valorado por los usuarios. Un impacto de esa magnitud levanta alarmas en los inversionistas, en el mundo financiero y en la clasificación de riesgo de estas inversiones.

No hay que olvidar que el objetivo de esta infraestructura es reducir brechas y mejorar los servicios a las personas. No se trata sólo del alcance financiero sino también de desarrollo para el país.

Nos alegra mucho que ya sea una realidad. El exceso de velocidad está presente como causa de muerte en aproximadamente un tercio de los siniestros viales con fallecidos. Nos jugamos muchísimo por la ley CATI, creemos que será una herramienta eficaz para salvar vidas y generar conciencia de los riesgos que implica un comportamiento vial imprudente. También aquí la tecnología abre una vía muy útil para que el uso de todas las vías sea más seguro.

Ciertamente, es una combinación entre regulación y control, que ha mostrado resultados de reducción sustantiva de muertes en los países en que se ha implementado un sistema similar.

La tecnología abre una oportunidad muy valiosa para perfeccionar el control, siempre que se acompañe con campañas de fiscalización realizadas por Carabineros, que son las autoridades facultadas para ejercerlo.  La disponibilidad de tecnología por si misma no implica que los concesionarios puedan hacer uso arbitrario de la información recolectada, para fines que no sean los que el contrato les permite.

Hemos detectado que hay alguna coincidencia entre el fraude para no pagar y la infracción en permisos. Una base eficaz sería una campaña intensiva de fiscalización documental. Para eso, los sistemas de las autopistas pueden ser un buen soporte.

La infraestructura vial concesionada tiene una ventaja importante respecto a la seguridad vial, debido al diseño riguroso que responde a estándares internacionales. Cada contrato tiene inspección permanente, además, de manera que el pavimento debe estar en óptimas condiciones, tanto como la señalización y los servicios de asistencia a las personas. Eso permite circular a velocidades mayores en forma segura, con mínima interacción con el resto de la vialidad. En ese sentido, se establece un estándar a través del sistema concesionado.

Efectivamente, y fue un gran privilegio haber tenido la oportunidad de ocupar ese cargo. No es habitual que la vida de la posibilidad de un recorrido integral. Fui consultora en temas de concesiones durante más de 10 años. Luego, subsecretaria y ministra, lo que me permitió conocer las dos perspectivas: el mundo de las inversiones y el mundo de la regulación. Luego estuve en política, y en ese período tuve también tareas de alcance legislativo.

Por eso la llegada a COPSA se dio en forma bastante fluida y me abre la posibilidad de que todo lo aprendido tenga utilidad en la gestión gremial. Es una nueva forma de abordar el desarrollo de políticas públicas, ahora desde otro plano, pero con la misma intensidad. También sirve el aprendizaje respecto a lo difícil que es lograr cambios, mejorar leyes, perfeccionar la regulación. En todo caso tanto en el mundo público como privado, aplica el rigor y la responsabilidad por el bienestar de las personas.

Un desafío en el corto plazo es lograr que los proyectos adjudicados se pongan en marcha. Hay al menos 20 proyectos en esa situación desde 2025, todos con su financiamiento estructurado, pero muy pocos han logrado iniciar obras. Algunos han completado casi 4 años sin poder partir. Para contar con la confianza ciudadana, se requiere lo mismo que en cualquier sector: buena información, alta calidad de servicio, modernización permanente, diálogo con los usuarios. Y naturalmente, perfeccionar los contratos con visión de largo plazo, considerando los desafíos y oportunidades de la tecnología.

También un análisis de la sostenibilidad del sistema desde todas sus partes: financiamiento, tarifas, sistemas de pago, subsidios en el caso que corresponde. También es necesario explorar áreas nuevas como infraestructura educacional o de espacios públicos recreacionales o deportivos, donde aun hay grandes necesidades. Invitamos a quienes se interesen a consultar nuestra publicación denominada “5 propuestas x 5 razones”, disponible en nuestro sitio www.copsa.cl, donde resumimos las 5 áreas de trabajo que recomendamos abordar para que el sistema funcione cada vez mejor ahora y en el futuro.

Lo veo como una oportunidad inmejorable para cerrar las brechas de infraestructura en el país. El diseño de los proyectos debiera incorporar cada vez más la integración con áreas urbanas y otros servicios (por ejemplo, aeropuestos con buses), el mejoramiento de zonas en que la llegada de infraestructura concesionada sea un aporte, la integración con los municipios relacionados.

Para eso, se requiere modificar los alcances de las bases de licitación, y explorar escenarios futuros para identificar necesidades nuevas. La Ley de Concesiones ha sido una pieza clave para contar con la calidad que vemos en aeropuertos, carreteras, hospitales, cárceles, instalaciones logísticas y de servicios. Hay mucho más por cubrir y grandes desafíos para transformar los proyectos en servicios eficaces, valorados por las personas y valiosos para dinamizar la economía. En esa tarea COPSA tiene una tarea de muy amplio alcance y la mejor disposición para cumplirla.

Paola Cifuentes Valenzuela - Departamento Comunicación